jueves, 26 de enero de 2017

Historia imaginaria de las bibliotecas públicas en España (4)

Historia imaginaria de las bibliotecas públicas en España (4)

         En foros profesionales y en la literatura bibliotecaria, algunos profesionales habíamos clamado por medidas estructurales para las bibliotecas públicas españolas: Ley de Coordinación Bibliotecaria, convocatoria de una conferencia sectorial que abordase monograficamente la situación de las bibliotecas en España…y otras iniciativas que se hacían de rogar y no llegaban. Pero el mandato de las Cortes al Defensor del Pueblo significaba un verdadero giro copernicano. Y de hecho, la convocatoria que citaremos a continuación provocó una verdadera sorpresa entre los bibliotecarios más activos del panorama nacional.

3. Celebración de la Conferencia Sectorial de Educación y Cultura sobre la situación de las Bibliotecas en España (diciembre 2002)

No habían pasado ni dos meses de las palabras del Rey, y en la misma ciudad, Valencia, se convocó una Conferencia Sectorial de Educación y Cultura para debatir la situación de las Bibliotecas en España. Fue el 15 de diciembre de 2002. Finalizaba  el año y parecía que la vieja asignatura pendiente de las bibliotecas públicas comenzaba a estar en la agenda política. Parecía mentira. Era algo que algunos veníamos planteando sin ningún éxito desde hacía años: que se reuniesen los consejeros autonómicos con el titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para debatir la situación del conjunto del país en el ámbito de las bibliotecas públicas y propiciar las bases de una política de Estado en materia de bibliotecas.


miércoles, 18 de enero de 2017

Historia imaginaria de las bibliotecas públicas en España (3)




Historia imaginaria de las bibliotecas públicas en España (3)


2. El encargo al Defensor del Pueblo (noviembre 2002)

         El 15 de noviembre de 2002, apenas dos semanas después de finalizado el I Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, el Defensor del Pueblo recibió un encargo de las Cortes: elaborar un informe especial sobre la situación de las bibliotecas públicas en España y, en general, del estado del derecho de acceso de los españoles a la lectura pública y a la información.

Probablemente, en esa decisión influyó un precedente: en diciembre del año 2000,  a punto de  abrirse las puertas del siglo XXI y del tercer milenio, una prestigiosa institución, el Defensor del Pueblo Andaluz, proclamó en un espléndido informe sobre las Bibliotecas Públicas Municipales de la Comunidad de Andalucía, el derecho de todos a acceder a la cultura (Sevilla: Defensor del Pueblo Andaluz, 2000). Lo hizo precisamente tomando como base el artículo 44.1 de la Constitución Española de 1978: “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”. Ese Informe Especial al Parlamento  supuso un fuerte detonante sobre la situación de las bibliotecas públicas en Andalucía y, en general, en España. El estudio se realizó sobre 169 bibliotecas andaluzas de localidades comprendidas entre 5.000 y 20.000 habitantes y refleja con fidelidad la desigual situación de este servicio público, demasiadas veces todavía obsoleto y con tintes dramáticos por la precariedad del personal, las débiles colecciones y la falta de consistencia y penetración social de la biblioteca pública. Es importante recordar que se realizó en una franja de población que tiene legalmente, por la Ley de Bases de Régimen Local, obligación de crear y mantener el servicio de biblioteca pública.

Pero el informe andaluz no tuvo demasiadas consecuencias prácticas ni fue imitado por otras regiones. Tal vez por ello, y con el peso de las palabras del Rey, las Cortes tomaron la decisión de realizar un mandato similar a nivel nacional.

martes, 17 de enero de 2017

Historia imaginaria de las bibliotecas públicas en España (2)



Historia imaginaria de las bibliotecas públicas en España (2)
        
1. Las palabras de un Rey (octubre 2002)

Tiempo de otoño. En Valencia, el 29 de octubre de 2002. Se había anunciado que el Rey Juan Carlos I inauguraría el I Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, que se iba a desarrollar en Valencia durante los días 29 al 31 de octubre de 2002. Los bibliotecarios pensábamos que, en todo caso, sus palabras no excederían de las que se utilizan habitualmente en este tipo de eventos, siempre muy protocolarias. Pero el mensaje del rey fue nítido y contundente: “Quiero finalizar este acto expresando mi honda preocupación por el  hecho de que en una época que llamamos Sociedad de la Información aún sean muchos los españoles que no pueden acceder a este servicio público esencial para el desarrollo de la sociedad española que es la biblioteca pública. El acceso a la cultura es  un derecho  constitucional, y la biblioteca pública es el servicio  que garantiza más amplios frutos para el acceso democrático a la cultura, la educación, la información y el ocio positivo. Por ello, deberán intensificarse los esfuerzos de las distintas Administraciones Públicas para evitar cualquier discriminación en el disfrute de este servicio entre los ciudadanos de unas y otras regiones, entre los españoles que viven en las grandes ciudades y los que residen en los más pequeños municipios...”
El medio millar de profesionales que asistíamos al Congreso aplaudimos a rabiar, agradeciendo las clarificadoras palabras de Su Majestad.  Si habíamos acudido a Valencia sin demasiada convicción, ya estas palabras merecían la pena y nos situaban ante un futuro mejor para las bibliotecas públicas españolas. Seguro que los políticos asistentes tomaban buena nota y diseñarían una hoja de ruta que acabase con la marginalidad de las políticas bibliotecarias desarrolladas en nuestro país. ¿Se abría un tiempo de esperanza para las bibliotecas públicas?

lunes, 16 de enero de 2017

Historia imaginaria de las bibliotecas públicas en España (1)



Historia imaginaria de las bibliotecas públicas en España (1)

Reconozco que no siempre he sido muy ortodoxo: cuando no me gusta la realidad, a menudo decido cambiarla mezclándola con la  ficción. Y esto es lo que he hecho durante años con el devenir de las bibliotecas públicas. Cuando no llegaban las propuestas, las leyes, los programas que soñaba, utilizaba la literatura,  la ficción, como respuesta. En mi libro En defensa de la biblioteca pública (Ciudad Real: Ediciones Almud, 2012; colección Biblioteca Añil, núm. 54) se incluyen algunas de mis intervenciones en ese sentido en congresos, relatos, listas de distribución profesionales….Fueron  textos que ponen el acento en las características que definen la situación bibliotecaria española; y el profesional se convierte en un representante de alguna alta  Institución del Estado para presentar propuestas que permitan cambiar esa  realidad que no se comparte.

            Por ejemplo, en el I Congreso de Bibliotecas Públicas que se celebró en Valencia en octubre de 2002, una de las comunicaciones llevó el título de “La Biblioteca Pública en España, ¿Un derecho de todos?” El texto se abría con un discurso del Defensor del Pueblo, pronunciado en las Cortes Generales, como “respuesta” al encargo que le realizaron en noviembre de 2002, tras la finalización del citado Congreso. Después de un ejercicio literario de política-ficción, se planteaba el problema de las desigualdades existentes en España en cuanto al acceso de todos los ciudadanos a los servicios de biblioteca pública. desigualdades en los ámbitos de la regulación normativa, tanto a nivel estatal como autonómico, las políticas activas, la responsabilidad en la prestación de estos servicios y la forma en que se ponen los medios para su prestación, y la percepción social de la biblioteca pública.

Esta comunicación fue elaborada con la colaboración de Joaquín Selgas Gutierrez y Óscar Arroyo Ortega y está recogida en las actas del Congreso: La biblioteca pública, portal de la sociedad de la información. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002. Págs. 273-281. El texto de esta comunicación está incluido también en mis libros Combates por la Biblioteca Pública en España (2006), páginas 158-169; y En defensa de la biblioteca pública (2012), páginas 93-106.



 Con algunas de las ideas de éste y de sucesivos trabajos, a caballo entre la literatura profesional bibliotecaria y la ficción, esbozo aquí lo que pudiera ser una especie de breve Historia imaginaria de las bibliotecas públicas en España, escrita como medio de defender las bibliotecas y también con un cierto desencanto por la escasa respuesta a toda esa lucha de tantos años.

lunes, 9 de enero de 2017

2017, Año de las bibliotecas públicas en Castilla-La Mancha

2017, Año de las bibliotecas públicas en Castilla-La Mancha 

El fin del año Cervantes nos ha traído la noticia de que la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la propuesta del diputado de Compromís Ignasi Candela para que 2017 se declare “Año Miguel Hernández”. La iniciativa ha sido presentada por el grupo parlamentario mixto y aprobada tras una enmienda transaccional de socialistas, populares y Ciudadanos y el texto recoge "estudiar la posibilidad" de declarar el evento como acontecimiento de excepcional interés público e incentivar fiscalmente a quienes promuevan actividades económicas en cumplimiento de los planes y programas que se lleven a cabo. Esta declaración se enmarcaría en el 75 aniversario de la muerte del poeta e intentaría impulsar un calendario de iniciativas dedicadas al reconocimiento, estudio y difusión de la obra de Miguel Hernández.
La sola noticia de que a nuestros diputados les interese algún aspecto de la cultura, es todo un acontecimiento y ya por ello hay que aplaudirlo. Ya saben los lectores que la cultura es una de las prioridades políticas y así se percibe en los programas electorales, en los debates, en los presupuestos...Disculpen la ironía. Hace una década me dirigí a todos los diputados de la Comisión de Cultura con motivo de la tramitación de la Ley del Libro, la lectura y las Bibliotecas y salvo una diputada conocida todos siguieron la vía del silencio. Así que nada que objetar a difundir la vida y obra del poeta que, como expresó Pablo Neruda, “desapareció en la oscuridad” y debemos “recordarlo a plena luz”. Pero es cierto que esta efemérides se une a otras muchas, también por distintas razones significativas: cincuentenario de la muerte de Azorín, centenario del nacimiento de autores como José Luis Sampedro o Gloria Fuertes; 150 años del nacimiento de Vicente Blasco Ibáñez; bicentenario del nacimiento del poeta y dramaturgo José Zorrilla... Y muchos más nombres. Por ello concentrar ahora los esfuerzos públicos y los pocos dineros en un autor no me parece razonable, por mucho que me guste la poesía de Miguel Hernández y su propia figura humana y literaria.
¿Tocará ahora inventarse propuestas, programas, eventos como en los centenarios que acabamos de finalizar, y no siempre dentro del sentido común y como una expresión de una política cultural?
En la Biblioteca de Castilla-La Mancha claro que tendremos en cuenta a Miguel Hernández. Pero también a Gloria Fuertes, y a José Luis Sampedro, y a otros autores de nuestro tiempo o de siglos pasados. Algún autor ha solicitado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se sume a esta conmemoración. Pero yo tengo una propuesta distinta. Desde hace dos décadas vengo proponiendo que, como expresión del interés institucional hace este servicio público, se declare un “Año de las bibliotecas públicas”. Lo he intentado por activa, por pasiva y por perifrastica, sin ningún éxito, utilizando distintos medios y espacios, a nivel regional y también nacional. Tal vez como no milito en ningún partido político no soy una voz a tener en cuenta. Pero voy a seguir insistiendo. Recordaré oportunamente cuantas iniciativas en ese sentido he realizado, pero ahora citaré las últimas:
Con motivo del IV Centenario de la edición de la primera parte del Quijote propuse que el Gobierno Regional declarase 2005 “Año de las Bibliotecas”, y que anunciase una serie de medidas para consolidar y desarrollar la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. Fue predicar en el desierto. Y me parecía tan necesario que, mediante un recurso literario, tuve que imaginarme que el Gobierno de España, que celebró su primera sesión de Consejo de Ministros el 23 de abril de 2004, tras el triunfo electoral del PSOE, tomaba una serie de medidas sobre el libro, la lectura y las bibliotecas. Y una de las medidas del gobierno socialista sería solicitar a la UNESCO que el 2005 fuese declarado “Año de la Biblioteca Pública”. Fue un modo de soñar y de clamar a favor de las bibliotecas públicas. Una ficción literaria para defender a las bibliotecas.
En 2015 celebramos el IV Centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote; y en 2016, los 400 años del fallecimiento de su autor, Miguel de Cervantes. Sin duda serían dos años de referencias a la obra cumbre de la literatura española y al considerado “máxima figura de la literatura española”. Conciertos, exposiciones, publicaciones, encuentros literarios se sucederían con motivo de estos centenarios. Propuse, para centrar estos grandes eventos culturales, que estos años de etiqueta cervantina y quijotesca sirviesen de marco para la declaración de un Bienio de la Lectura y de las Bibliotecas Públicas. Sugerí que la declaración la formulase el Gobierno de Castilla-La Mancha, tras un pleno de las Cortes regionales en la que se aprobase una propuesta en ese sentido. El objetivo de esta declaración sería “proclamar su confianza en el libro, la lectura, la información y, especialmente, en los centros que en nuestro tiempo están llamados realmente a democratizar el acceso de todos los ciudadanos a estos medios: las bibliotecas públicas.” He reiterado estas propuestas pero ha habido un Gobierno que ha sido consciente de la importancia de una declaración de ese tipo: El Gobierno de Cataluña declaró el año 2015 como “Año de las Bibliotecas, aunque con un motivo distinto al que yo propongo: el centenario de la creación de la Red de Bibliotecas Populares de la Mancomunidad de Cataluña. Cataluña tiene en sus bibliotecas públicas uno de los servicios más importantes y al que están dedicando cuantiosos recursos las distintas Administraciones Públicas. 
He alzado mi voz muchas veces en favor de que exista una política de Estado en materia de bibliotecas públicas, porque es injusto que los ciudadanos padezcan las desigualdades que se están produciendo por vivir en unas o en otras regiones o localidades. Como las competencias en bibliotecas, junto a las de coordinación en materia cultural que conserva la Administración General del Estado, son compartidas por las Administraciones Autonómicas y Locales, mi aspiración es que los políticos asuman un trabajo a favor de esa política nacional de bibliotecas. Esa sería una labor necesaria del Congreso. Porque la confianza en la educación, la información y la cultura como factores de desarrollo personal y social, así como los derechos constitucionales para garantizar estos valores, deben llevar al Gobierno de España a desarrollar medidas que garanticen que las bibliotecas públicas son un derecho de todos los españoles.
Pero veo más factible una declaración de este tipo en el caso de Castilla-La Mancha. Aún no se han aprobado los presupuestos generales de la Junta y, con el acuerdo de los tres grupos parlamentarios, deberían crearse las bases para la recuperación de unos programas de apoyo a la red de bibliotecas públicas de la comunidad autónoma. Con tres millones de euros se podrían recuperar algunos de los programas que fueron desapareciendo. Desde luego sería más productivo en la generación de actividades el trabajo de los bibliotecarios, verdadero ejército a favor de la cultura y de la palabra, que con pocos recursos crearía múltiples actividades sobre Miguel Hernández y sobre otros tantos escritores. La convocatoria de nuevo del programa “Biblioteca Abierta”, que apoyaba programas culturales de las bibliotecas y se suspendió hace seis años, supondría un compromiso del Gobierno regional con las bibliotecas públicas. Por otro lado, junto a las ayudas a la contratación de bibliotecarios, es urgente que las bibliotecas recuperen parte de su capacidad presupuestaria para adquirir colecciones bibliotecarias.

Como he dicho en otras ocasiones, el mejor homenaje que podemos hacer a la obra de Cervantes, de Miguel Hernández y de tantos escritores es defender los valores de las bibliotecas públicas como centros de encuentro, de creatividad y de debate, en los que las personas tengan a su disposición todos los registros de la palabra y de la información. Esta propuesta de declaración tendría un carácter estratégico y de marco para conseguir una política de Estado en el ámbito de las bibliotecas públicas. Desde luego me ofrezco, si fuera necesario, para explicar en las Cortes de Castilla-La Mancha o donde sea necesario una iniciativa de este carácter.