martes, 28 de febrero de 2017

¡Quememos los libros! ¡Asfixiemos las ideas! Libertad de expresión en las bibliotecas públicas



¡Quememos los libros! ¡Asfixiemos las ideas!
Libertad de expresión en las bibliotecas públicas


La historia está llena de acontecimientos que relatan la quema o prohibición de libros o la persecución o quema de personas en razón de las ideas. Basta con buscar  en wikipedia u otros recursos de información términos relacionados con este tema, o con  la censura o la libertad de expresión, para vislumbrar cuánta intolerancia y cuántos conflictos se han sucedido a lo largo de los siglos en razón de las ideas. Libros como Fahrenheit 451novela publicada en 1953 por el escritor estadounidense Ray Bradbury, es una lección de la intolerancia de un gobierno y cómo se desarrolla la orden de quemar aquellos libros que el poder ha ordenado eliminar.  Otras novelas, como 1984, de George Orwell,  describen “una sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social”. El término «orwelliano» es sinónimo de las sociedades u organizaciones que tienen actitudes totalitarias y represoras como las representadas en esta novela. 
Pero la sociedad orwelliana y las sociedades censoras y represoras no han muerto. Incluso en nuestro tiempo y en sociedades calificadas como democráticas se desarrollan actuaciones que tienen que ver con la implantación del pensamiento único y el desprecio a las minorías o a los grupos que defienden postulados “no políticamente correctos”. Y esas cosas no pasan sólo fuera de nuestras fronteras. De forma reiterada he escrito que me interesan más las actitudes de los gobernantes, su talante democrático, que el éxito de sus programas. Los presupuestos siempre pueden constituir una excusa para no corregir problemas; la crisis siempre es una buena etiqueta para justificar una situación socioeconómica, cifras de parados o bajos salarios; y las corrupciones de un partido o de un gobernante siempre se utilizan para empequeñecer y entender las propias situaciones en ese ámbito…Y así podríamos enumerar muchas “buenas razones” que se desarrollan en el comportamiento político día tras día.
Pero, personalmente, lo que me parece más condenable y despreciable en un gobernante, en un partido político o en cualquier entidad, es limitar la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas por razones ideológicas, religiosas o de otro tipo.  Respeto siempre a las ideas del otro, fomentando el diálogo, pero, por supuesto, sin permitir la violencia o el odio.
Por esto me gustan, amo y defiendo las bibliotecas públicas. Porque son un servicio básico para la sociedad independiente y sin barreras de sexo, de edad,  ideológicas, religiosas, de clase social, intelectuales…. El Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública  (1994) es clarísimo al respecto: Ni los fondos ni los servicios han de estar sujetos a forma alguna de censura ideológica, política o religiosa, ni a presiones comerciales.” Y este otro párrafo del Manifiesto tiene mucha claridad: “La biblioteca pública es un centro de información que facilita a los usuarios todo tipo de datos y conocimientos. La biblioteca pública presta sus servicios sobre la base de igualdad de acceso de todas las personas, independientemente de su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social.”
            Estos días  en el blog Libropatas la periodista Raquel C. Pico  ha publicado un interesante artículo sobre los libros prohibidos o censurados durante el franquismo (http://www.libropatas.com/listas/los-libros-prohibidos-la-dictadura-franquista/) que he leído con mucho interés. Ello me ha recordado el miedo que pasé en la aduana con Francia cuando a finales de los años sesenta regresaba de un intercambio juvenil con la maleta con bastantes de los libros que entonces estaban prohibidos en España. Conservo algunos de ellos, como la breve Historia de España de Pierre Vilar, publicada por la mítica Librería Española de París, y el libro de Rafael Alberti El poeta en la calle. Luego, experimenté en mis carnes lo que era la prohibición de leer en público versos de mis poetas preferidos, incluso de Antonio Machado, y yo mismo escribí algún poema en clave metafórica aludiendo a que algún día se rompería “la soga” que nos oprimía todavía en el  tardofranquismo.
            Pero me impresionan, ahora como bibliotecario, las oleadas de intolerancia que salpican nuestra formal democracia. Nuestra sociedad está repleta de demócratas que tienen una característica o condición: que el otro, sea adversario o simplemente distinto, tenga un pensamiento que coincida con el que el gobierno de turno defiende. Cuando el pensamiento es distinto, surge el conflicto y el “demócrata” se convierte en totalitario, argumentando con razones diversas.  En la Biblioteca de Castilla-La Mancha recibo a veces listas de libros que un usuario muy demócrata me indica deben desaparecer de los fondos de la Biblioteca. También a veces personas  concretas me indican que tal conferencia no debería pronunciarse o que determinado libro no puede presentarse en la Biblioteca. Y siempre son grandes paladines de la libertad, “demócratas” que entienden que las bibliotecas públicas seamos faros de la libertad de expresión, oasis del encuentro y de la convivencia, pero, eso sí, siempre que la iniciativa cultural coincida con el pensamiento de quienes, sin darse cuenta, se convierten en los nuevos censores del régimen y de la sociedad. No hay nada que me moleste más que un grupo de ciudadanos, ya sean de extrema izquierda o de extrema derecha, o sean simplemente “paladines de la libertad” (según ellos, claro) que interrumpen o impiden el desarrollo de un acto sólo por el “delito” de que quienes intervienen no tienen las mismas ideas que quienes impiden a los oradores el libre ejercicio de la libertad de expresión. Creo que no hay mayor acto de intolerancia que el que esos grupos practican.
            Las bibliotecas públicas no son de los gobiernos ni de los funcionarios que trabajamos en ellas. Son de los ciudadanos, que las financian con sus impuestos. Ciudadanos de cualquier idea, de cualquier religión o ateo; de cualquier partido político o sin adscripción política; aportan con  sus impuestos el presupuesto que las bibliotecas necesitan para funcionar cotidianamente. Y si ciudadanos de cualquier ideología financian una biblioteca entiendo que es legítimo que el pensamiento de cualquier tipo, expresado en un libro o en una conferencia, forme parte de la programación cultural de una biblioteca o de le sus colecciones.
            Soy un defensor de las bibliotecas públicas y de su fuerza democrática. Por eso me produce muchísimo dolor cuando aparecen nuevos censores, que criticaron siempre a los censores del franquismo y de otros territorios, que  tiran la piedra contra los nuevos “anatemas” que no aceptan el pensamiento único. Tal vez los nuevos ataques contra la libertad de expresión son un termómetro de que nuestro sistema democrático tiene aún muchas debilidades.  Por mi parte, seguiré creyendo y defendiendo la libertad de expresión y trabajando por ella desde las bibliotecas públicas.
            Espero que nadie utilice el título de este artículo para justificar la quema de libros y la asfixia de las ideas y del pensamiento. Con este título deseaba provocar a quienes tengan la tentación de ejercer la censura en nuestro tiempo.

miércoles, 22 de febrero de 2017

Historia imaginaria de las bibliotecas públicas en España (7)



Historia imaginaria de las bibliotecas públicas en España (7)


Pero ¿cuándo se ha visto esto? Todos los presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno de España firmando un pacto por la lectura y las bibliotecas. Fue una verdadera revolución copernicana...

7. Firma del Pacto por la Lectura Pública y las Bibliotecas entre el Presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos (septiembre de 2003).




         Todas las fechas son importantes. Pero sin duda este 13 de septiembre de 2003 merece estar en todas las cronologías de la historia bibliotecaria española. La cita fue en el Palacio de la Moncloa. Allí estaban el presidente del Gobierno de España y los presidentes autonómicos. Y habían sido congregados no para diseñar el modelo de financiación de las comunidades autónomas o analizar otros temas que tradicionalmente son considerados como una necesidad de Estado. Se habían reunido para firmar el Pacto por la Lectura Pública y las Bibliotecas. Un pacto de carácter nacional que ratificaban incluso las comunidades más reacias a este tipo de iniciativas de carácter estatal.

jueves, 16 de febrero de 2017

Historia imaginaria de las bibliotecas públicas en España (6)



Historia imaginaria de las bibliotecas públicas en España (6)

6. Nueva sesión de la Conferencia Sectorial de Educación y Cultura (julio 2003)

Décadas solicitando la constitución de la Conferencia Sectorial de Cultura y que se debatiese monográficamente sobre las bibliotecas públicas, y ahora por segunda vez se convocaba. Además fue en Toledo, el 6 de julio de 2003. Tal vez se quiso visibilizar el apoyo que se mostraba a las políticas bibliotecarias seguidas en Castilla-La Mancha. A pesar de los distintos colores políticos de los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha, era reconocido que en la tierra de Don Quijote se estaban desarrollando políticas bibliotecarias muy progresistas, apoyando a los municipios en la creación y mantenimiento de bibliotecas y considerando que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a servicios bibliotecarios. El director general de una prestigiosa fundación en materia de libro y bibliotecas había afirmado que Castilla-La Mancha constituía el motor de las políticas bibliotecarias en España.  Lo cierto es que Toledo acogió esta nueva sesión de la Conferencia Sectorial con un tema importantísimo en el orden del día: se presentó a los consejeros autonómicos el proyecto del Plan Nacional de Fomento de la Lectura y de las Bibliotecas Públicas, para su debate, modificación en su caso y redacción definitiva.


viernes, 10 de febrero de 2017

Historia imaginaria de las bibliotecas públicas en España (5)



Historia imaginaria de las bibliotecas públicas en España (5)          
     Tras celebrarse la Conferencia Sectorial, el nuevo año pasó las hojas del calendario con rapidez y, coincidiendo con el Día del Libro, el Defensor del Pueblo dio cuenta de sus primeros trabajos. Desde luego el ritmo se aceleraba y parecía que las instituciones se habían tomado la vieja asignatura pendiente de las bibliotecas públicas con mucho interés. Pero no sería todo: con carácter también urgente se crearía un órgano que estaba llamado a realizar con carácter ejecutivo una serie de tareas sin duda imprescindibles para poder diseñar una verdadera Política de estado en materia de bibliotecas públicas. Sin duda, la primavera de 2003 será recordada en todas las monografías y trabajos científicos que se escriban para trazar la historia bibliotecaria de nuestro país.

4. Presentación del Informe del Defensor del Pueblo (abril 2003).

         El 23 de abril de 2003, Día del Libro, y que a mí personalmente me gusta más denominar “Fiesta del Libro”, porque todos los días del año deben ser del libro, el Defensor del Pueblo presentó su informe con las claves generales de la situación de las bibliotecas públicas en España. Fue en el Congreso de los Diputados, en una sesión plenaria. La Institución habría realizado el informe en un tiempo record y, tal vez simbólicamente, se presentaba en una fecha tan emblemática para el libro y las bibliotecas.

5. Nombramiento de la Delegada del Gobierno para el Plan de Fomento de la Lectura y de las Bibliotecas Públicas (mayo 2003)

         Fue una de las propuestas del Defensor del Pueblo en su informe: nombrar un Delegado del Gobierno para desarrollar un Plan de Fomento de la Lectura y de las Bibliotecas Públicas. Y, con carácter inmediato, el Gobierno materializó esa propuesta. Se trataba de una figura con precedentes en otros ámbitos, pero que intentaba enviar el mensaje de que las políticas del libro, la información y las bibliotecas públicas constituirían una prioridad política del Gobierno de España. Con carácter transversal, asumiría el desarrollo de ese plan que recogería los programas e iniciativas de distintos departamentos y órganos del Gobierno, racionalizando su gestión y coordinación y ampliando las disponibilidades presupuestarias para estas políticas.