¿Una tabla de salvación para invertir en bibliotecas municipales?

¿Una tabla de salvación para invertir en bibliotecas municipales?

He criticado hasta la saciedad la  brecha que existe en el desarrollo de los servicios bibliotecarios en  nuestro país. A falta de  una política de Estado en materia de bibliotecas públicas y de una legislación nacional que señale los servicios bibliotecarios que deben prestar los municipios españoles de acuerdo a sus características y población, España presenta un grave mosaico de desigualdad. Uno de los aspectos más notables son los espacios, sobre los que ahora hablamos frecuentemente por la necesidad de adaptar las bibliotecas a las nuevas funciones sociales, educativas, informativas y culturales que realizan y que precisan de actuaciones que piensen en la presencia de los ciudadanos en nuestros centros.

Los indicadores clásicos de los espacios bibliotecarios (“Superficie útil bibliotecaria  por biblioteca”, “Puestos de lectura por 1.000 habitantes”, “Superficie útil bibliotecaria por 1.000 habitantes” y otros)  proporcionados por la Estadística de Bibliotecas elaborada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en colaboración con las comunidades autónomas, reflejan nítidamente las enormes diferencias entre unas y otras regiones o incluso entre provincias y localidades de una misma comunidad. Pero la situación se agrava porque la mayoría de las regiones no cuenta con  planes de infraestructuras bibliotecarias. La Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, estableció que el superávit alcanzado por las distintas administraciones públicas debía destinarse a la reducción del nivel de endeudamiento neto. Esa norma, unida a la gravísima crisis económica, fue una buena excusa para  paralizar hace más de un quinquenio las inversiones en nuevas bibliotecas o en la ampliación, remodelación o modernización de las bibliotecas existentes, especialmente de las municipales.

Es verdad que en muchas ciudades se inauguraron nuevas bibliotecas, pero en general se ha producido un estancamiento considerable. Junto a nuevas bibliotecas, con espacios bibliotecarios magníficos y algunas  remodelaciones y reformas para adecuar bibliotecas a las nuevas necesidades, la mayoría de las bibliotecas españolas han vivido una parálisis. Las cifras son elocuentes: si en el año 2011 el conjunto de Administraciones Públicas dedicó a programas inversores de bibliotecas 120,9 millones de euros, en 2015 esa inversión fue de sólo 56 millones de euros: ¡un descenso del 54%! Los gobiernos regionales ralentizaron su apoyo presupuestario a las bibliotecas y los ayuntamientos, siempre con dificultades financieras, encontraron una buena coartada en la normativa presupuestaria para no invertir en bibliotecas.

La mayoría de los municipios españoles han intentado sobrevivir a la crisis con edificios bibliotecarios que a muchas veces no cuentan con las más imprescindibles instalaciones o que resultan inadecuadas a los nuevos usos de los usuarios. Con motivo del VIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas pedí que en sus  conclusiones se planteara la necesidad de  un Plan Nacional de infraestructuras bibliotecarias realizado con la coordinación y la cooperación del conjunto de Administraciones Públicas. Pero el Ministerio no estás dispuesto a desarrollar una iniciativa política de mejorar las redes bibliotecarias de nuestro país. Tampoco parece factible que el Consejo de Cooperación Bibliotecaria asuma entre sus objetivos impulsar estrategias que permitan  desarrollar en España la modernización y adaptación a nuevas funciones de los edificios bibliotecarios.

Por ello, en un país en el nadie parece dispuesto a liderar fórmulas que permitan disminuir la brecha en los espacios bibliotecarios, la decisión del ministro Montoro no deja de ser una buena noticia. La aprobación en el Consejo de Ministros del 23 de marzo de 2018 del Real Decreto que permite a los ayuntamientos la inversión de sus superávits presupuestarios en una serie de servicios públicos dejará sin coartadas a los políticos municipales. Las inversiones no sólo pueden dedicarse a seguridad, ordenación del tráfico, prevención de incendios, vías públicas y carreteras, parques y jardines, asistencia social, creación de centros docentes…. También se citan expresamente las bibliotecas y archivos y en general los equipamientos culturales, así como la protección del patrimonio histórico y las instalaciones deportivas.

En definitiva, con la normativa aprobada por el Gobierno de España se habilita a los ayuntamiento a que arranquen con sus actuaciones inversoras y puedan ejecutarlas hasta abril de 2019, cuando se convoquen las elecciones municipales, tal y como se estableció entre Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias. Según señala el propio Gobierno tenemos ahora las circunstancias que conducen “a la aprobación de la prórroga de la norma que permite a las Corporaciones Locales destinar su superávit a realizar inversiones financieramente sostenibles.”

Las bibliotecas no sólo son sostenibles sino totalmente imprescindibles en nuestra sociedad. Por ello, los profesionales debemos insistir ante los políticos municipales en la oportunidad que se abre ahora para hacer esas pequeñas o no tan pequeñas inversiones que nuestras ciudades necesitan. ¿Es este Real Decreto una tabla de salvación para invertir en bibliotecas municipales? El tiempo lo dirá… Pero, desde luego, los profesionales debemos apoyarnos en esta iniciativa legal del Gobierno de España para recordar a los políticos locales que las bibliotecas también existen y precisan inversiones para hacerlas más atractivas, cercanas y creativas.